Las reglas fiscales son uno de los principales instrumentos de los que dispone la gobernanza económica de la Unión Europea para intentar garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de los estados miembros.
Durante los años 2020-2023 la aplicación de las reglas fiscales estuvo suspendida por la crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19, situación que aconsejaba relajar los límites de déficit y deuda de las administraciones públicas ejercidos a través de estas reglas para posibilitar el destino de recursos suficientes, independientemente de la situación particular de cada ente público, para paliar sus consecuencias.
A partir del año 2024 se reactivaron los controles sobre las finanzas públicas al entender que ya no persistía ninguna situación excepcional que excusase la vuelta a un gasto sostenible. Además, este año también se ha aprobado la modificación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la Unión Europea, sin que, al menos, por el momento, dicho impulso reformista se haya trasladado a las reglas fiscales nacionales.
En la fecha en la que nos encontramos y, teniendo en cuenta, además, que todavía están pendientes de aprobación los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2025-2027, conviene recordar y repasar la forma de aplicar estas normas fiscales, en este escenario, de cara tanto a la elaboración del presupuesto del año 2025, como a su ejecución.